Los desalojaron y dejaron sin trabajo, no les dan respuestas pese a que llevan más de cinco meses de protesta pacífica en una carpa frente a su fábrica; y ahora les mandaron la policía a allanarles los domicilios particulares. Esta es la desesperante realidad que viven los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa Acoplados del Oeste, quienes recuperaron la fábrica de acoplados Petinari en Merlo, provincia de Buenos Aires.

Los allanamientos comenzaron a las 21 de este último martes en la casa del presidente de la cooperativa, Jorge Gutiérrez; y después continuaron en los domicilios de la secretaria, el tesorero y el vocal. Según consta en las órdenes judiciales, lo que buscaban eran máquinas de la fábrica, algunas de ellas de hasta 20 metros de largo. “Hay que tener un galpón para tener esas cosas. Quieren hacernos aparecer como ladrones, nos hicieron pasar un muy mal momento con nuestras familias”, dijo Gutiérrez, quien en declaraciones a la FM La Posta, de Lincoln, remarcó que el objetivo de los allanamientos es “que terminemos esta lucha que venimos sosteniendo”.

Y vaya si es cruel y mucha esa lucha. Los trabajadores de Petinari vieron ir derrumbándose la empresa y por ende sus salarios a partir de 2014; y en 2015, tras el abandono patronal, la ocuparon y reactivaron organizados en la cooperativa de trabajo, que al año siguiente fue avalada por la Legislatura provincial a través de una ley de expropiación de la planta, similar a muchas otras que se dieron en territorio bonaerense. Pero a unos meses de su aprobación en la Legislatura, la ley de expropiación fue vetada por la gobernador María Eugenia Vidal -que adoptó similar actitud en otros varios casos-; y el 3 de marzo de este año se concretó, con la participación de más de 600 policías, el desalojo ordenado por un juzgado de Morón.

Desde entonces, los laburantes de Merlo permanecen allí cumpliendo turnos rotativos, recibiendo la vital solidaridad de vecinos y organizaciones sindicales, políticas y sociales y coordinando acciones en pos de volver a ingresar a la fábrica y reiniciar la producción. Sin embargo, en la Legislatura bonaerense aún no tuvieron respuesta al pedido de rechazo al veto o sanción de una nueva ley de expropiación. Y tampoco la Justicia dio respuesta positiva a la solicitud de declaración de la quiebra de la empresa con continuidad en manos de los trabajadores a través de la cooperativa.

De todos modos, aunque vengan allanando y degollando las esperanzas, en ADO no se dan por vencidos y anunciaron la continuidad de la carpa y la pelea por recuperar el trabajo y la dignidad.

Fuente: Cooperativa La Posta del Noroeste, de Lincoln, Buenos Aires

Los trabajadores de ADO vuelven este miércoles al tribunal porteño que debe resolver sobre el concurso de acreedores de la empresa Petinari. La expectativa de la cooperativa es que la Justicia dicte la quiebra y le otorgue la continuidad de la actividad. “Los trabajadores estamos en condiciones de comprar la quiebra porque Petinari nos adeuda 60 millones de pesos en salarios y junto con la AFIP, a la que la empresa le quedó debiendo 75 millones de pesos, somos los principales acreedores”, aseguró Jorge Gutierrez, presidente de la Cooperativa Acoplados del Oeste (ADO), al diario digital 1748 de General Rodríguez.

La de este miércoles 17 de mayo será la continuidad de la audiencia iniciada el viernes 12, en la que la empresa pidió un plazo para presentar una propuesta sobre su deuda con Afip y se resolvió pasar a un cuarto intermedio.

La expectativa de los trabajadores es que ahora el Juzgado Comercial Nº 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resuelva a favor de su reclamo de conservar sus fuentes de trabajo, que habían recuperado en 2015, hasta que fueron desalojados por la policía a principios de marzo pasado, por orden del juez de Morón Ricardo Fraga. En el concurso de acreedores, el magistrado encargado de resolver es Eduardo Emilio Malde.

Por otro lado, para el jueves 18 se espera también que el Congreso provincial bonaerense se disponga a tratar el veto a a la ley de expropiación a favor de ADO que la gobernadora María Eugenia Vidal dictó en noviembre pasado. El objetivo es que la Legislatura de la provincia rechace el veto y ratifique la expropiación.

Tras varios meses sin cobrar y con la planta paralizada, en agosto de 2015 los trabajadores ocuparon pacíficamente la fábrica de carrocerías ubicadas sobre la ruta 200, en la ciudad bonaerense de Merlo; y desde entonces comenzaron las tareas de mantenimiento, además de reiniciar la producción. El viernes 3 de marzo a las 5 de la mañana, unos 600 efectivos de Infantería de la bonaerense rodearon el predio y obligaron a los trabajadores que estaban de guardia a irse del lugar. Desde ese momento, los trabajadores resisten en una carpa montada frente al acceso a la planta y esperan, por 120 puestos de trabajo, que se haga justicia.

La apuesta a la autogestión de los trabajadores de ADO cuenta con el respaldo de otras empresas recuperadas y cooperativas y también de numerosas organizaciones y entidades de Merlo y toda la zona oeste del conurbano bonaerense.

Para este miércoles, desde la cooperativa se convocó a movilizarse hasta el tribunal de Marcelo T. de Alvear y Callao, en la ciudad de Buenos Aires, donde la audiencia comenzará a las 10.

Fuente: Cooperativa de Trabajo Pucará – Diario Digital 1748 Noticias – General Rodríguez (Buenos Aires)